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Colo Colo sumó una importante victoria millonaria fuera de la cancha.
El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP resolvió a favor de Blanco y Negro en el litigio que mantenía con Provincial Osorno por concepto de derechos de formación del futbolista Carlos Soto.
La resolución obliga al conjunto de la Región de Los Lagos a pagar un total de 56.877 dólares a la concesionaria que administra al Cacique.
Una cifra que supera los 51 millones de pesos chilenos. Además, el organismo estableció un plazo de 15 días corridos para que se concrete el pago.
El origen de la disputa millonaria
El conflicto se remonta a la incorporación de Carlos Soto a Provincial Osorno, luego de completar su proceso formativo en las divisiones inferiores de Colo Colo.
A raíz de esa situación, Blanco y Negro reclamó el pago correspondiente por derechos de formación, iniciando un proceso que finalmente fue resuelto por el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP en favor del club albo.
La preocupación en Provincial Osorno
Tras conocerse la resolución, Provincial Osorno reconoció públicamente el impacto que tendrá la medida en sus finanzas.
A través de un comunicado, el club expresó su preocupación por las consecuencias económicas que genera el fallo.
“Dicho fallo es un golpe duro para Provincial Osorno como institución, ya que atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club, lo que nos obligará a redoblar los esfuerzos”.
La institución también señaló que la decisión afecta la planificación presupuestaria que había sido diseñada para la presente temporada.
Pese a la resolución, Provincial Osorno confirmó que continuará impulsando acciones ante otros organismos.
El club mantiene gestiones ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Cuestionando la legalidad y los efectos que este tipo de cobros puede generar sobre instituciones con presupuestos más limitados.
Mientras Colo Colo celebra un fallo favorable que le permitirá recibir una importante suma de dinero, Provincial Osorno buscará revertir el escenario a través de otras instancias judiciales y administrativas.
